El turno de Latinoamérica

(( NarcoAmérica ))

publicado en Yerba

franciscoLa mayoría de los grandes medios de comunicación ha visto la llegada del Papa Francisco I al Vaticano, el primer Papa no europeo, como un símbolo del surgimiento de América Latina en el mundo actual. Una relevancia que no sólo es constatable a nivel religioso e incluso económico, sino también, en lo referente a nuevas políticas sociales y derechos. Si bien es cierto que en este último tema todavía no hay avances en firme, es en Latinoamérica donde empezamos a encontrar conatos de iniciativas sociales no vistas en el resto del mundo. El marco político y social alrededor de la marihuana es uno de esos campos donde Latinoamérica puede convertirse en referente para el resto del mundo. Un camino esperanzador pero que enfrenta una gran cantidad de obstáculos.

El todavía gendarme internacional, Estados Unidos de América, es una de las influencias más importantes de la región. Los tratados de libre comercio impulsados con los estados latinoamericanos a partir de la década de los noventas funcionan como grilletes políticos para la mayoría de las economías del sur, y no sólo sirven para determinar la política económica y financiera de los estados, también para el resto de políticas que acaban tendiendo hacia el beneficio de la Casa Blanca. La emancipación económica de muchos miembros del subcontinente o la diversificación del comercio hacia otros socios como la Unión Europea o China han permitido a su vez la proliferación de nuevas políticas sociales en el centro y el sur del continente americano. El caso de las políticas sobre drogas es el más relevante, ya que en los últimos años no sólo regiones con posiciones históricamente críticas con EE.UU. sino también sus principales socios latinoamericanos están planteando disconformidades hacia su vecino del norte.

 

Washington pone nota

Obama-tough-talk-300x224En el informe anual del Departamento de Estado sobre la Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos en 2012 el gobierno estadounidense anima o amonesta a los países vecinos en cuanto a sus políticas sobre drogas. En esta ocasión el documento emitido por la Casa Blanca felicita los esfuerzos de Colombia, Perú y México en la lucha contra las drogas y por otro lado amonesta a Bolivia y Venezuela por el escaso empeño para erradicar el narcotráfico dentro de sus fronteras. A pesar de que Perú se sitúa por segundo año consecutivo como segundo productor mundial de coca el gobierno estadounidense valora que el gabinete presidido por Ollanta Humala “ha demostrado la voluntad política para hacer frente al problema” aunque no se haya reflejado en los datos generales. Colombia también es alabado por EE.UU. Lleva realizando estos importantes avances desde la firma del Plan Colombia, allá por la década de los noventas, y todavía sigue calificado como el mayor productor de cocaína del mundo. Además, Washington reconoce que a pesar de los avances es necesario mantener el apoyo a Colombia para seguir por este camino. En el otro extremo se encuentran Venezuela y Bolivia. En el informe, Washington reprende a estos dos países, ya no por la presencia de mafias del narcotráfico o por la producción de estupefacientes en sus fronteras, sino porque no colaboran con la Casa Blanca y con la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA.

 

Bolivia

boliviaEn cuanto al país andino el informe del Departamento de Estado norteamericano especifica: “Pese a que los programas de erradicación superan los objetivos, los resultados de erradicación e interceptación no fueron suficientes para hacer frente al aumento de los niveles de producción de cocaína”. La Casa Blanca admite que el gobierno boliviano no tolera las actividades de narcotraficantes en sus fronteras pero resalta que el país sigue siendo un destino para criminales de otras nacionalidades. El punto fundamental de la crítica es el rechazo por parte de las autoridades de La Paz de colaborar con la DEA expulsada en 2008 de Bolivia. Como contestación al informe el gobierno boliviano publicó una carta en los medios de comunicación donde destacaban: “Washington insiste en distorsionar con el sesgo político una realidad inobjetable: Bolivia ha conseguido mejores resultados en su lucha contra las drogas desde que asumió esa misión con dignidad y soberanía”. El documento recuerda que los arrestos y enjuiciamientos a narcotraficantes crecieron en los últimos años y recalca especialmente que todo ello se consiguió con “pleno respeto a los derechos humanos”. Mientras EE.UU. acusa a Bolivia por la cantidad de producción de cocaína en su territorio, tras que se legalizara la siembra de la hoja de coca, el gobierno de Evo Morales contesta afirmando que sólo el 1 por ciento de la droga decomisada al norte del Río Bravo procede de Bolivia, y que más del 95 por ciento proviene de Colombia, socio histórico estadounidense que cuenta con la aprobación y felicitación del Departamento de Estado.

 

El socio en duda

informe comisionEn 1999 se firmó el Plan Colombia, llamado oficialmente: Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado. Un plan que incluía una importante inversión en inteligencia y equipos militares y una legislación especial para la actuación de personal estadounidense dentro de territorio colombiano. Tras 14 años existen innumerables violaciones a los derechos humanos, denuncias de vínculos entre políticos, militares, paramilitares y narcotráfico, altos niveles de inseguridad en el país y Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. Quizá haya sido esta realidad la que ha empezado a quebrar el vínculo histórico con la política exterior de EE.UU. La primera personalidad política en cuestionar la estrategia frente a las drogas fue el ex presidente Cesar Gaviria, que junto a otros presidentes latinoamericanos fundó hace dos años la Iniciativa latinoamericana sobre drogas, que actualmente, y gracias al apoyo internacional recibido, se ha convertido en la Comisión Global sobre Drogas. Un colectivo internacional que concentra a personalidades de todo el mundo para replantear la política de drogas existente. Después de él, el actual presidente, Juan Manuel Santos, apoyó la moción para debatir en la pasada cumbre de las Américas el tema de la política de drogas, obligando a Barack Obama a aceptar ese punto dentro de la cita internacional. En los últimos días otro ex presidente, Ernesto Samper, se une a sus homólogos para defender a través de la publicación del libro: Drogas, prohibición o legalización, una nueva propuesta; un nuevo marco legislativo para abordar el problema del narcotráfico.

 

Ernesto Samper

20080802klphishco_31_Ies_SCOEl que fuera presidente de Colombia entre 1994 y 1998 hoy ha vuelto al panorama político tras la publicación de su último libro. Una vuelta que él justifica: “Creo que este país ha pagado unos costos muy grandes en la lucha contra el narcotráfico y los sigue pagando en materia de violencia, de corrupción y de desajuste de su propia economía, y esa es una razón que a cualquiera le da autoridad moral para pedir una política alternativa”. En diversas entrevistas en medios a raíz de la pronta presentación del libro, el ex presidente cuestiona el éxito de la política de drogas impulsada por EE.UU. y explica la insistencia: “La política antidrogas forma parte de la política exterior de Estados Unidos, que busca un objetivo perverso para infundirles miedo a los norteamericanos. Y toda la política internacional está estructurada sobre la base de la defensa de los norteamericanos sobre esos ogros del mal que se van identificando y renombrando”. Para Samper hay una realidad que hay que poner de manifiesto en la nueva legislación: “Creo necesario que se distinga entre la adicción y el tráfico. Confundir a los narcotraficantes con los consumidores, como pretendió hacerlo la reforma constitucional del ex presidente Uribe, es un retroceso y un error estratégico monumental. Tampoco se puede creer que todos los consumidores son adictos. Alguien que se fuma un “cacho” no es un adicto ni mucho menos un delincuente”. Cuestionado por la agencia de noticias Efe acerca de su opinión de por qué se ha defendido el Plan Colombia desde la política nacional, Samper se muestra contundente: “En los últimos diez años se ha venido formando una extrema derecha que se está expresando ideológicamente en el rechazo a cualquier salida política del conflicto armado, al sostenimiento de la guerra como una salida y a un concepto de seguridad que tiene cada día más de aseguramiento de la democracia.”

 

El difícil aseguramiento de la democracia

3d5fd2a3c01d5fd476864f19b686ad2e_XLDentro de los planes de colaboración internacional colombianos existía un proyecto de cooperación con ONGs mexicanas para el intercambio de experiencias sobre programas sociales exitosos. Un intercambio que se vio cancelado de improviso cuando las autoridades alertaron de la presencia del cartel de Sinaloa en la ciudad donde se daba el intercambio. Los meses posteriores se llevaron a cabo detenciones e incautaciones que apuntaron directamente a la presencia del cartel mexicano en regiones colombianas del Pacífico. Lo que las autoridades colombianas se resisten a difundir públicamente la embajada estadounidense en Colombia lo confirmó a través de un breve comunicado: “En los últimos dos años han concluido varios casos que, junto con investigaciones de la DEA, han demostrado un vínculo directo entre el cartel mexicano de Sinaloa y narcos colombianos”. Una información que corroboraría la intromisión del poderoso cartel en el país, algo poco extraño para una organización que según la DEA mueve más de 1,5 toneladas mensuales de coca, tiene un ejército propio bien armado, una amplia red de funcionarios corruptos y alianzas con otros grupos delictivos en países como Guatemala, Venezuela, Ecuador y Argentina.

 

México

pena-nieto-619x348Otro de los felicitados en el informe del Departamento de Estado Norteamericano es México. El gobierno del recién presidente Enrique Peña Nieto recibe así un espaldarazo internacional para seguir impulsando su “nueva política” en México. Con más de 70 mil muertos a sus espaldas el ex presidente Felipe Calderón terminó su legislatura y pidió se continuara su estrategia de lucha contra el narcotráfico. Si bien el nuevo presidente nunca criticó la estrategia a Calderón, días después de jurar su cargo prometió acabar con la violencia en el país azteca. 100 días después, el saldo oficial de víctimas del conflicto asciende a 3 mil durante su mandato. En este contexto, el pasado mes de marzo, el ministro de interior uruguayo, Eduardo Bonomi, visitó la capital mexicana con intención de dar a conocer las iniciativas del pequeño país suramericano en cuanto a política de drogas. Invitado por la Comisión Global sobre Política de Drogas, integrada ésta por ex presidentes latinoamericanos como Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, el representante uruguayo quiso ser tajante: “La guerra contra la droga ha fracasado y hay que buscar otro camino”. Para Bonomi el problema de la violencia viene derivado de esta estrategia: “Hay una continua relación entre jóvenes que consumen con delincuentes que no sólo venden marihuana, sino drogas mucho más duras. Entrando en ese consumo, que es extremadamente problemático, uno se introduce en el mundo del delito”. Bonomi lamentó el alto índice de violencia existente en países como México y Colombia, y el aumento de esa violencia a pesar de la implementación de planes de confrontación con la droga. Para el ministro uruguayo la nueva estrategia busca que la República Oriental del Uruguay no llegue a sufrir algún día ese nivel de violencia.

 

Uruguay

36443_NpAdvSinglePhoto“El mundo asiste hoy a enormes desafíos que cuestionan la viabilidad de la forma de civilización que la humanidad ha construido, particularmente en el último siglo, marcada por el consumismo desenfrenado, el desperdicio y el desprecio de los recursos naturales, por la miseria y las inequidades”. Así se manifestaba Diego Cánepa, prosecretario de Presidencia uruguayo, ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU celebrada en Viena recientemente. Ante la posibilidad de que el gobierno uruguayo legalice la marihuana el organismo internacional ya lanzó sus primeras críticas. En respuesta de ellas, Cánepa, replicó: “ Uruguay tiene el derecho, en función de su ordenamiento legal, a darse las formas jurídicas que le permitan atacar de manera frontal las bases económicas del narcotráfico a través de la regulación, el control y la fiscalización del mercado del cannabis”. Y agregó que el gobierno de Uruguay también tiene el derecho a “implementar aquellas políticas públicas que contribuyan, en el marco de la plena vigencia de los derechos humanos de sus ciudadanos, a mejorar y proteger la salud y la calidad de vida de los mismos”. Una preocupación que inspira la nueva estrategia uruguaya: que las políticas de drogas sean planteadas desde el respeto al ser humano y no, como denuncia el presidente de Bolivia, Evo Morales, sean un “instrumento de dominio geopolítico”.

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