Argentina debate la legalización

publicado en Yerba

En los últimos meses el continente americano está viviendo un intensísimo debate entorno a la legalización de la marihuana. Si en el mes de abril, en la VI Cumbre Latinoamericana, de la mano del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, los países asistentes presionaron a Washington para que cambiara su política de drogas, a principios de junio los parlamentarios argentinos dieron una sonada sorpresa anunciando la celebración de una serie de debates para consensuar una propuesta de despenalización de las drogas. Con este fin crearon las comisiones de Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico y de Legislación Penal para iniciar un debate con gran parte de los actores públicos e institucionales y abrir una mesa de diálogo para detallar una propuesta de modificación de la ley de estupefacientes. Como justificación para lanzar esta propuesta tan sorprendente como repentina los diputados señalaban la cada vez mayor presión popular expresada en las marchas mundiales de mayo y el aumento de la presencia del narco en el territorio argentino. Aun así no deja de ser una sorpresa este anuncio y la rapidez con la que se han organizado las comisiones y se ha redactado el ante proyecto de ley.

Durante la Marcha Mundial de la Marihuana en 2010 más de 8 mil personas coreaban en las calles de Buenos Aires: “Ningún árbol prohibido”. Ese año la marcha se convirtió en una de las más multitudinarias de las que se realizaron desde que en 1999 se empezara a celebrar la Marcha Mundial de la Marihuana en la desembocadura del Río de la Plata. Dos años después, en mayo de 2012, el número de personas que asistieron a la marcha global se multiplicó por 5. En la céntrica Plaza de Mayo, más de 40 mil personas se dieron cita para dirigirse hacia el Congreso y expresar su deseo de legalizar el cannabis. Usuarios, cultivadores, asociaciones de defensa de los derechos civiles, políticos y simpatizantes marcharon bajo la consigna: “¡Despenalización ya! No más presos por plantar”. Una movilización que tuvo su eco en un buen número de ciudades en el resto del país: Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Bariloche, La Plata y un largo etcétera de municipios que no quisieron desaprovechar una nueva oportunidad para demostrar su descontento ante la situación de persecución que viven los consumidores de marihuana en Argentina. 60 mil personas en todo el país en favor de la legalización y contra la criminalización del consumo y el autocultivo.

 

La ley de estupefacientes

El marco regulador para la república se encuentra reflejado en la Ley de Estupefacientes promulgada en 1989. Heredada de los tiempos de la Junta militar, la ley prevé hasta catorce años de prisión por posesión, comercio, transporte, cultivo y consumo de cualquier sustancia ilegal. Penas muy duras que no todos los jueces imponen pero que sin una normativa más flexible y concreta no son pocas las personas que pasan años de su vida en la cárcel por ser sorprendidos con marihuana. En 2009 , la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional parte de la ley de estupefacientes debido a la incompatibilidad con el artículo 19 de la constitución argentina, este artículo dice lo siguiente: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de autoridad de los magistrados”. La presión del órgano judicial llevó a realizar una serie de modificaciones sobre la ley que permitió la regulación mínima de la posesión y el consumo de la yerba aunque no daba directrices claras y al final quedaba en manos del juez determinar la gravedad del caso. Si alguien era detenido con droga pasaría a disposición judicial y tras pasar quince días en la cárcel debería demostrar “inequívocamente” que éstas eran para uso exclusivo personal. Lo que sí consiguió este fallo fue reabrir el debate ya no sólo de la despenalización del consumo sino también del uso terapéutico y del autocultivo. Desde entonces las manifestaciones a favor de un marco más flexible hacia la marihuana se han hecho mucho más presentes tanto a nivel de la calle como a nivel institucional.

 

La realidad actual del país argento

Este mes de junio, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) publicó su informe anual sobre consumo de sustancias ilegales. Según este informe en los últimos tres años el consumo de marihuana entre los estudiantes de secundaria pasó del 4,6 al 14%. La yerba, que en esta franja de edad triplicaba su índice, es la sustancia ilegal más consumida en Argentina, según el mismo informe el 3,1% de la población entre 12 y 65 años declaró haber consumido cannabis durante 2010. Según la agencia gubernamental de los 40 millones de habitantes de la República Argentina más de 1 millón 240 mil son consumidores de marihuana. Si a estos datos le sumamos la creciente actividad de numerosos cárteles de la droga en el territorio argentino, tanto locales como mexicanos, colombianos y brasileños, atraídos por el creciente negocio, las autoridades argentinas debieron sentirse obligadas a empezar el debate. Argentina hasta ahora había sido un país ajeno a las mafias del narcotráfico, pero el mercado floreciente y la búsqueda de nuevas rutas hacia Europa la ha incluído dentro de los planes del crímen organizado y ya se comienza a hablar de una “colombianización” argentina. Con el ejemplo de otros países arrasados por una mala política frente a las drogas, como México, Colombia o lo que empieza a ser Guatemala, los diputados argentinos no querían convertirse en otra “guerra civil” más en el continente. El debate se ha hecho inevitable.

 

El proyecto a debatir

El proyecto redactado por Ricardo Gil Lavedra, portavoz de la Unión Cívica Radical (UCR) presente en el congreso argentino y apoyado por el partido de la actual presidenta: Cristina Fernández de Kirchner y por el Frente Amplio Progresista (FAP) fue el sujeto del debate. La iniciativa contempla la despenalización del consumo en la calle, salvo cuando esta conducta incite a los menores de edad a imitarla. El cultivo de plantas y la posesión de semillas estarían totalmente permitido siempre y cuando no sean para comercializar. Además, otra de las modificaciones más destacables sería la reducción de penas de cárcel para las personas que transporten sustancias ilícitas, las llamadas “mulas”. Estas personas usadas por los grupos de narcotráfico internacional en el contrabando reducirían sus penas en prisión de 4 años y medio actualmente a 3 años con la modificación . El proyecto no está enfocado únicamente al cannabis sino para cualquier tipo de drogas ilegal, incluídas la cocaína y la heroína. En cuanto a la cantidad de droga permitida los ponentes dejan en manos de los jueces la responsabilidad de señalar los límites. Una noticia muy alentadora ya que uno de los organismos que han apoyado este debate es la Corte Suprema de Justicia de la Nación; uno de sus ministros, Eugenio Zaffaroni, fue el encargado de abrir la exposición y el debate en el congreso. Zaffaroni partió del “fallo Arriola”, el caso donde apelando al artículo 19 de la constitución un juez no condenó a cinco acusados de posesión de marihuana en 2009. Para el ministro de de la Corte Suprema la despenalización abriría “una nueva perspectiva de la vida” para muchos argentinos. Tras esta exposición comenzó el debate.

 

El debate más esperado

Tras la presentación del proyecto el debate se abrió durante tres días en la cámara baja de la República Argentina. Por un lado los partidos que apoyaban el ante proyecto: la UCR, el FAP y el Frente para la Victoria (FPV, partido de la actual presidenta). Opuestos al plan se encontraban el Partido Justicialista (PJ), el peronismo disidente y el PRO (centroderecha), además de algunos diputados de los partidos que presentaron la propuesta. Fueron muchos los diputados y diputadas que mostraron sus posicionamientos durante estos tres días de intercambio. Entre todos ellos destaca la intervención de el diputado Eduardo Amadeo, del Peronismo Federal, que mostró su disconformidad con el proyecto: “Es irresponsable, y hasta frívolo, concentrarse en la despenalización en un país inundado de droga”. Por otro lado la diputada del FAP, Victoria Donda, apuntó de esta manera su apoyo a la reforma: “No olvidemos que de los 8 mil consumidores que cada año enfrentan una causa penal por tener drogas, la mayoría son jóvenes y pobres”. Durante los tres días de debate en el Congreso participaron tanto las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y de Legislación Penal, así como jueces y funcionarios públicos. Además asistieron y tomaron la palabra organizaciones de consumidores, madres de jóvenes consumidores de pasta básica de cocaína, el llamado “paco”, científicos, investigadores y sociólogos expertos en la materia. Después de intentos enfrentamientos entre partidarios y detractores se alcanzó el tan esperado tercer día al que debería acompañar una conclusión.

 

Con la Iglesia topamos, Sancho

Como sucede en España, en Argentina, siendo un país aconfesional y laico, la Iglesia tiene un peso importante. Y no quiso quedarse a un lado en esta debate político. Según un comunicado difundido por la Pastoral de Drogodependencia de la Conferencia Episcopal la despenalización “favorecería el incremento de las facilidades y oportunidades para obtener estas sustancias, y por lo tanto, más que disminuirlo aumentaría el consumo, como ya ocurrió en otros países”. Aunque no menciona esos países donde afirma aumentó el consumo con la regulación el titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo fue más allá aludiendo a los diputados que se mostraban indecisos: “El silencio y la complicidad saben ser los mejores aliados de este negocio de la muerte”. “Por momentos parecería que se llega al planteo de “despenalización” de las drogas, como resultado de un fracaso en las políticas llevadas a cabo. Es como decir, hemos perdido la guerra contra las drogas, aceptémoslas como una realidad ya instalada que no admite un juicio”. Para el prelado la despenalización tendría efectos catastróficos: “¿Qué significaría para ese universo de actuales y posibles adictos decirles que la droga tiene un reconocimiento legal? ¿Es correcto que en defensa de un pretendido derecho privado o subjetivo se llegue a provocar un daño público?”. Como conclusión Arancedo puntualiza: “Se maneja con mucha ligereza en estos casos el concepto de drogas blandas y drogas duras, como queriendo disminuir su nocividad o asimilarlas a otras adicciones. Esto carece de una sólida base científica”. No deja de sorprendernos esta última afirmación. Sobretodo de una instución como la Iglesia que todavía niega el evolucionismo en muchas de sus parroquias del mundo y que se basa en un libro sagrado que no puede alejarse más de una sólida base científica. Como broche final el cardenal Jorge Bergoglio, sin base sólida científica, en unas declaraciones a un medio nacional llamó “mercaderes de la muerte” a todos aquellos legisladores a favor de la propuesta.

 

Y entonces la conclusión, ¿O no?

Tras intensos debates tanto fuera como dentro de las comisiones, la propuesta, que arrancó con bombos y fanfarrias a primeros de junio jaleada por personalidades de gran calado se fue desinflando poco a poco. Tras la tercera reunión el proyecto se estancó debido principalmente a diferencias dentro de los propios partidos impulsores de la medida, incluído el Frente para la Victoria, partido en el poder. Para los diputados en contra, este freno supone una razón más para la marcha atrás de la iniciativa, a la que le encontraban nuevos y populistas errores. Eduardo Amadeo, del Frente Peronista puntualizaba: “El problema de la droga es mucho más que la despenalización. En esta ley no están contemplando los pobres”. La última sesión terminó sin ni siquiera una fecha para continuar con el debate, por lo que los principales bloques acordaron no avanzar más en la propuesta hasta lograr un “mayor consenso social”. Sin un plan concreto para revisar los textos la demagogia empezó a brotar, Victoria Donda del FAP, corredactora del proyecto, se desmarcaba con estas declaraciones: “Seguiremos luchando para que la Justicia y la Policía persigan a los que comercian y para que el Estado instrumente programas de prevención”. Lindas palabras y mejores intenciones, insuficientes si no van acompañadas por una legislación concreta. En la práctica nos encontramos que una de las inciativas más publicitadas del gobierno argentino no ha pasado del tercer día de debate y que muchos de sus impulsores institucionales, muy vehementes el primer día, no asistieran a la tercera jornada. En una maniobra polícia sin pies ni cabeza, vemos como una vez más en el continente americano la despenalización de las drogas es instrumentalizada con fines políticos, pero que más allá de crear polémica no tenga otro fin. Los propios representantes que las proponen son los que rápidamente desisten, como si nunca hubieran tenido intención de despenalizar. Como si el anuncio de regular las drogas respondiera a otros intereses.

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