¿Un general por la legalización?

(( RetPortajes ))

Publicado por Yerba. Febrero / 2012

Guatemala ha dado la sorpresa en este comienzo de 2012. Su nuevo presidente, el ex general del ejército guatemalteco, Otto Pérez Molina anunció durante los primeros meses de año y mandato su propuesta de legalizar las drogas en la región centroamericana. Para ello planea convencer a los jefes de estado que asisten a la Cumbre de las Américas celebrada en Colombia que la legalización es la mejor estrategia para combatir los poderosos cárteles del narcotráfico. Guatemala, al igual que la mayoría de los países centroamericanos, se ha convertido en los últimos años en el centro de operaciones de muchas mafias del narcotráfico que antes operaban en México y Colombia.

 

“Más de 30 años hemos estado siguiendo una estrategia que lo que nos ha traído es un camino de muerte, de corrupción y debilitamiento de nuestras instituciones”. En sus primeras declaraciones ante los medios el ex general apunta así su propuesta y añade: “Mientras sigamos enfrentando el narcotráfico con la estrategia que hemos traído, van a continuar esas muertes”. Según Pérez Molina hay que encontrar “otras soluciones que nos permitan salir adelante, no sólo a Centroamérica sino a toda la región”. Una propuesta que no entra en los detalles de la posible modificación de la legislación, ni de cuándo y cómo tendrán lugar esos cambios. La iniciativa de Pérez Molina ha provocado diversas reacciones, muchas de ellas contrarias a la propuesta, pero para el presidente “chapín” el objetivo no era el consenso: “Lo estamos poniendo encima de la mesa y queremos un debate serio al respecto”. “Hay consenso para discutir y debatir, no necesariamente sobre la despenalización, pero sí para debatir y encontrar otros caminos”.

 

Guatemala

Mientras que a nivel internacional la guerra mexicana es ampliamente documentada en los medios, la situación guatemalteca ni ahora ni antes fue un reclamo goloso para los mass media. En cifras, los cerca de 60 mil muertos provocados por la guerra contra el narcotráfico en el país azteca dejaron una tasa de homicidios en el 2011 de 20 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, ese mismo año la tasa de homicidio en Guatemala fue de 41 asesinados por cada 100 mil habitantes. Si el número total no es tan alarmante como el mexicano las estadísticas son estremecedoras. Ese mismo año el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificaba al país centroamericano como “el epicentro de la amenaza de drogas”. La presión sobre los cárteles en México desplazó a algunos de estos grupos delictivos más al sur, y uno de ellos, los Zetas, en pocos meses se hizo con el control de las áreas rurales del norte y este del país, áreas fronterizas con México. La falta de recursos, la pobreza extrema de sus habitantes y la corrupción de las instituciones y fuerzas de seguridad convierten a Guatemala en un enclave fundamental para el crimen organizado.

 

Un problema de toda la región

Para Pérez Molina abrir el debate en la región es algo de vital importancia: “Lo que he visto es que no tenemos las fuerzas necesarias ni la capacidad para reducir el tráfico de drogas”. Para el recién electo presidente es necesario que otros representantes democráticos de la región se unan a esta propuesta para exigir a Washington un cambio en su estrategia. Mientras en los EEUU el consumo de drogas se dispara y los recursos destinados a la cooperación desaparecen debido a la mayoría republicana del Congreso, los países del sur son devastados por la corrupción y la violencia. Cuatro de las siete naciones de Centroamérica se encuentran entre las diez con más asesinatos del mundo, con tasas de homicidio 17 veces más altas a las de EEUU. “Si en tantos años no hemos conseguido alcanzar los resultados deseados, tenemos que pensar en lo que hemos hecho mal y en un enfoque diferente”, concluye Pérez. Aún así la legalización de las drogas como estrategia parece todavía muy lejos del planteamiento de la mayoría de los gobiernos.

 

Aprobación muy matizada

Uno de los primeros presidentes en coger el testigo del representante “chapín” fue Mauricio Funes. El presidente de El Salvador vio con buenos ojos la iniciativa: “Nuestro país está abierto a cualquier propuesta que reduzca la producción de drogas y el contrabando… que es la actividad que el crimen organizado utiliza para destruir nuestras sociedades”. La medida apuesta por dañar drásticamente los beneficios de las organizaciones criminales aunque no solucionaría otros problemas derivados. Para Funes esta acción tiene que ser conjunta o coordinada por todos los países de la región: “Debe de ser un esfuerzo regional. Si sólo lo hacemos en un país, por ejemplo en Guatemala, entonces Guatemala se convertirá en un paraíso de la droga”. Funes como el resto de gobernantes de la región parecen aceptar el debate de la medida pero no contempla su consecución en un corto plazo.

 

El gendarme internacional

La postura oficial es que EEUU actúa como simple asesor en la región pero en este caso no tardó en dejar clara su posición frente a la propuesta del ex general Pérez. Para el gobierno estadounidense la idea del presidente de Guatemala no es viable. La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo recientemente durante una rueda de prensa junto a Pérez Molina en su última visita al estado guatemalteco: “No es la mejor manera de combatir el narcotráfico”. En el marco de una gira para suscribir acuerdos de seguridad por los estados centroamericanos Napolitano añadió: “Hay muchas esferas en las que nosotros podemos cooperar con la región, y debemos seguir colaborando en todos estos esfuerzos”. Para Napolitano no es cierto que las estrategias no estén funcionando, el más claro ejemplo es Colombia donde después de una década de apoyo contra el narcotráfico los grandes cárteles han desaparecido. Siempre según Napolitano, otro ejemplo de buenos resultados es México. La Iniciativa Mérida ha dejado en el país azteca más de mil 600 millones de dólares en apoyo a la seguridad del país, aunque también más de 50 mil muertos desde 2006. El gobierno estadounidense plantea para Centroamérica necesariamente una iniciativa similar. En 2011 el gobierno estadounidense donó 300 millones de dólares a las naciones aliadas de la región, algo que para algunos gobiernos centroamericanos, como el guatemalteco, no es suficiente para enfrentar a los cárteles de la droga.

 

ONU, sí o no

Hace unos meses el ex secretario general de Naciones Unidas, Koffi Annan se convertía en uno de los rostros de la campaña en la que ex mandatarios de todo el mundo defendían la despenalización de las drogas. Podríamos pensar que Naciones Unidas debiera tener una postura similar pero no es así. El presidente de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) del organismo internacional, Hamid Ghodse, ha calificado la propuesta guatemalteca como un error que sólo agravaría el problema. “Si nos fijamos en drogas legales como el tabaco y el alcohol, no sólo matan cada año entre 10 y 15 veces más que las drogas ilícitas, sino que también el delito relacionado con el tráfico de tabaco y de alcohol no ha desaparecido, y de hecho, es una gran parte de la actividad criminal”, el máximo representante del organismo para el control de estupefacientes de Naciones Unidas prosigue: “Un tema muy complejo (como el narcotráfico) no puede tener una solución sencilla”. El último informe del JIFE apuntaba que desde que empezara la guerra en México la cantidad de droga que pasa por Centroamérica y el Caribe hacia los Estados Unidos se ha disparado. Para Ghodse la solución está clara: “Cuando se produzca una aplicación universal (de las leyes internacionales) por parte de gobiernos, y no sólo palabras, habrá menos problemas”. Algo que parece una solución sencilla e inocente cuando el problema complejo es la tremenda corrupción en los responsables que debieran hacer valer las leyes.

 

La primera de muchas más

Con todos estos posicionamientos a principios de marzo se dio la primera reunión en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Donde se dieron cita los presidentes y representantes de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras y República Dominicana junto con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden. El tema principal de dicha reunión era el narcotráfico y las estrategias de seguridad. La presidente de Costa Rica resumía así los objetivos de la reunión: “Centroamérica está procurando ganar una batalla que es de muchas otras naciones del mundo; está poniendo los muertos y su enorme sacrificio, y lo que sigue demandando a la comunidad internacional es una mayor corresponsabilidad en esta lucha, que no es exclusiva de Centroamérica”. En cuanto a la propuesta de Pérez Molina sólo el gobierno costarricense se mostró favorable a su aplicación y el resto asumieron la postura estadounidense frente al tema. Curiosamente para Pérez no fue una decepción: “Fue más de lo que nosotros esperábamos porque se logró que saliera un comunicado firmado por los presidentes en donde se hace el compromiso de darle el seguimiento a la iniciativa presentada”.

 

Dinero, seguridad y militares

Si bien no se optó por la legalización, la presión de los diferentes gobiernos de la región, cada uno con su propia estrategia, hizo que Biden se comprometiera a solicitar al congreso estadounidense 107 millones de dólares adicionales a los 361 millones que desde 2008 se han destinado a la Iniciativa de Seguridad Regional. Dinero que principalmente se emplea en modernizar las estructuras y formación policiales, la adquisición de material de comunicaciones e inteligencia y financiar acciones militares coordinadas con EEUU. Con respecto a esto, el general a cargo del Mando Sur de los Estados Unidos, Douglas Fraser, mostró su preocupación ante el continuo apoyo militar en Centroamérica a las operaciones contra el narcotráfico. Según Fraser el alarmante incremento de la delincuencia organizada en estos países ha hecho necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas “como las únicas entidades capaces de responder a esas amenazas”. Pero no debe plantearse como la única opción y siempre como un “paso intermedio” para conseguir la normalización del problema: “No creo que una tendencia a largo plazo en la que las Fuerzas Armadas estén implicadas en tareas relacionadas con el cumplimiento de la ley sea una buena solución”, dijo Fraser.

 

Dinero y más militares

En los últimos tiempos han habido muchos casos de políticos latinoamericanos defensores de la lucha contra el narcotráfico que tras abandonar sus cargos se han convertido en representantes de las bondades de la legalización. El caso de Pérez es distinto. Ex militar, educado en la Escuela de las Américas en los EEUU (la academia de los principales dictadores del continente), acusado internacionalmente como responsable de matanzas de civiles durante la guerra sucia de Guatemala y reconvertido a político con la democracia, se ha caracterizado en su vida política por impulsar leyes contra el narcotráfico, las pandillas, apoyar grupos de inteligencia civil y recompensar a los antiguos paramilitares. Su última campaña se caracterizaba por una cumbia que repetía: “Mano dura, cabeza y corazón”, y prometió más contundencia contra los delincuentes. De repente, un par de meses después de su victoria plantea la legalización. Siempre hay escépticos. Y en este caso son aquellos que señalan que el nuevo presidente de Guatemala utiliza la legalización como medida de presión contra EEUU para que aumente los recursos y el apoyo al ejército guatemalteco. Y no sólo para luchar contra el narcotráfico, principalmente para seguir con el ataque contra las comunidades indígenas que siguen oponiéndose a los intereses de las grandes corporaciones que se lucran con los recursos de Guatemala. Quizás por eso los primeros que festejaron su propuesta de legalización fue el cártel de los Zetas, que durante el mes de marzo colgaron sus famosas “narcomantas” en distintos puentes de las principales arterias de la capital con el siguiente mensaje: “Gracias general Otto Pérez por legalizar las drogas… Zeta 200”

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