“Que nos dejen el médico”

(( RetPortajes ))Mayo / 2012

Rescatados, los bancos, con un desembolso de 100 mil millones de euros, cerca de seis millones de desempleados, la prima de riesgo en subida constante con rescate o sin él, subida de impuestos generalizada y recortes sociales cada viernes. Ese es el escenario creado en España en el último año. El 24 de abril de 2012 le  tocó el turno a la Sanidad, llegó el recorte, la reforma; encarnada en un Real Decreto de Medidas Urgentes.

Un viernes más y nuestro Sistema Nacional de Salud se unió a tantos otros servicios sociales que han sufrido recortes. El gobierno se escuda en la “mala gestión y la ineficiencia” del sistema para llevar a cabo esta reforma. Una modificación que conlleva, a pesar de seguir hablando de sanidad “universal”, la expulsión de la cobertura sanitaria de los colectivos ciudadanos que no puedan acreditar su “condición de asegurado”. Estos colectivos son principalmente  los migrantes en situación irregular, los estudiantes mayores de 26 años que no hayan accedido a su primer empleo, las amas de casa separadas que anteriormente dependían de su marido, los trabajadores discontinuos, aquellos que retornen de trabajos en el exterior del país y los colectivos marginados que sobreviven en la economía sumergida. También todas aquellas personas que atendiendo a otra situación no estén cotizando y no puedan demostrar su condición de “pobres”, que en última instancia es uno de los términos fundamentales que la nueva reforma introduce para poder acceder a la tarjeta sanitaria. Sólo en el colectivo de migrantes en situación irregular se estima un mínimo de 460 mil personas afectadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Para Luis Andrés López Fernández, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), la reforma es una vuelta al pasado: “Con la excusa, porque es una excusa, de que hay que hacer políticas de austeridad se saca el Real Decreto Ley que cambia las normas. Se pasa de un sistema de cobertura universal pagado por impuestos, a un sistema que vuelve a plantear colectivos de aseguramiento. Se cubrirá a determinados colectivos si se dan determinadas condiciones. Los que no las cumplan tendrán que recurrir a un seguro pagado para poder acceder al sistema”.

Es un paso atrás en el modelo marcado por la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003, que consideraba que “todos los españoles y extranjeros en territorio nacional” son “titulares del derecho” a la salud de forma gratuita. En dos artículos publicados en el periódico El País durante el mes de Abril, López Fernández junto con otros compañeros de la EASP denunciaban la situación creada con el Real Decreto: “Hemos pasado de la titularidad que daba el derecho a la asistencia sanitaria ante cualquier enfermedad por nuestra condición de ciudadanos a otro sistema en el que el derecho a la asistencia sanitaria está relacionado con nuestra afiliación o no al sistema de la Seguridad Social. Es decir, con la condición de asegurado/a y/o beneficiario/a”.

“Tenemos uno de los sistemas de salud más eficientes (capacidad de respuesta para el mantenimiento de los niveles de salud con relación a los costes destinados a ello) y que supone uno de los menores gastos respecto al PIB entre los países desarrollados. Contamos con colectivos profesionales de la medicina, enfermería y otros, altamente cualificados, con una de las carteras de servicios más amplias, de gran calidad y con un buen sistema de garantías de salud pública colectiva. Nuestro sistema nacional de salud es excelentemente valorado por la ciudadanía y supone quizás el mayor mecanismo de solidaridad y redistribución que nuestra sociedad ha desarrollado. Lo pagamos entre todos vía impuestos y todos nos beneficiamos de las acciones tradicionales de salud pública y de los recursos asistenciales, que, abiertos a todos, son utilizados fundamentalmente por las poblaciones que más los requieren: mayores, población materno-infantil (creando un potente mecanismo de solidaridad intergeneracional) y las personas enfermas (solidaridad según situación de salud en este caso)”.
Este fragmento del artículo publicado el 17 de abril en El País por López Fernández y J. Ignacio Martínez describía y defendía el sistema sanitario español antes de la reforma. Tras  la publicación del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado una semana después el sistema de salud retrocedió 30 años. Con la transición el llamado “seguro social”, vinculado a la cotización del trabajador , dio paso a un servicio caracterizado por la atención sanitaria como derecho ciudadano universal a través de un Sistema Nacional de Salud que incluía tanto a ricos como pobres. Un sistema que el gobierno actual ve ineficiente y derrochador por lo que se ha hecho obligada la reforma. En cambio lo que para el ejecutivo del Partido Popular  se ve como un mal sistema la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo catalogó como el séptimo mejor del mundo. Para esta clasificación la OMS atendía a varios índices: el nivel de salud general de la población, la esperanza de vida, las diferencias de salud entre la población, la satisfacción de los enfermos frente el sistema y el reparto de la carga financiera para mantenerlo. Precisamente algunos de estos índices son los que el  gobierno pretende  desmantelar con esta nueva reforma y en su introducción abre la puerta a la proliferación de los hospitales privados y las aseguradoras. Para López Fernández está claro: “El sistema español es un sistema de buena calidad, eficaz para mejorar la salud de la gente, y además es un sistema barato, o sea , mucho más barato que los sistemas basados en una combinación de seguro y atención privada con sistemas públicos, como son la mayor parte de los sistemas europeos y el sistema americano, el colmo de la ineficacia”. Sistema, el de EEUU, que la OMS valoraba en el puesto 37, treinta posiciones por debajo del español.

Para el ejecutivo de Mariano Rajoy no es cierto que se esté dejando fuera del sistema de salud a cualquier residente en España, sean españoles o extranjeros. También niega que esta reforma signifique un cambio de modelo, según su versión es una obligación impuesta por la Comisión Europea que presiona a España a entregar tarjeta sanitaria a todos los ciudadanos con derecho a asistencia en el país. Según declaraciones a El País de la directora general de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Sagrario Pérez: “Queremos clarificar quién tiene derecho a asistencia aquí para evitar que se cuele alguien”. Ante este tipo de afirmaciones López Fernández no tiene dudas: “Lo que de verdad quieren es crear un mercado de aseguramiento privado, crear un mercado para que empresarios de asegurados puedan ganar dinero, y nos lanzan un señuelo: la inmigración. El argumento de los inmigrantes es un señuelo racista para que la población se posiciones con este tema, que no es en absoluto el tema fundamental del real decreto”.

Mientras tanto hay comunidades autónomas que ya tienen mucho camino avanzado en ese sentido. Castilla-La Mancha por ejemplo, donde en nombre de la eficacia se han privatizado cuatro hospitales públicos. Una de las empresas más favorecidas con las privatizaciones es Capio Sanidad. Días después de la publicación de la reforma, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado, declaraba a la Agencia de noticias EFE que el Sistema Nacional de Salud es eficaz y “empieza a ser eficiente”. Días después de esta declaración se anunció  la privatización de los cuatro nuevos hospitales previstos para la comunidad, también en favor de la multinacional Capio en la que trabaja como Subdirectora de Investigación la Doctora Teresa Echániz Salgado, hermana del consejero.
López Fernández añade: “Esto es el libro: La Doctrina del Shock, de Naomi Klein. No dejes de aprovechar una buena crisis para crear un mercado, en este caso de los restos del estado de bienestar. Quieren crear un mercado de aseguradoras, a costa de que determinados colectivos tengan dificultades de asistencia”. El profesor de la EASP concluye: “Yo pienso que lo que discute mucha gente que si es sostenible depende de lo que estés dispuesto a pagar por él. Para ahorrar 7 mil millones de euros se hizo el cambio de sistema, con Bankia nos hemos gastado 23 mil millones y el  Fondo Monetario Internacional dice que van a hacer falta más de  40 mil millones. Depende de lo que se quiere dedicar de dinero a esto el sistema es sostenible o no, pero en definitiva tenemos un buen sistema y a un costo razonable. Sólo que se ha cambiado las reglas de juego”. “Por lo menos que nos dejen el médico, y si insisten en no hacerlo tiene que haber una respuesta ciudadana organizada de usuarios perjudicados, profesionales, partidos políticos, sindicatos y el resto de la ciudadanía para hacer una defensa del sistema público de salud”. Y parece que esa respuesta ya está llegando.

YO SÍ sanidad universal from Mi salud no es un negocio on Vimeo.

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