De la legalización a la persecución en EEUU

(( RetPortajes ))
Diciembre / 2011
publicado por Yerba 
En noviembre de 2010 se realizó en el estado de California el referendo llamado Cannabis Act. Por el cual el estado estadounidense despenalizaría la marihuana para convertirla en una droga legal con las mismas restricciones del tabaco y del alcohol. Desde 1996 California permite la venta y el consumo de la marihuana con fines terapéuticos y tras 15 años sin problemas derivados de esta práctica la consulta pública para la legalización era un paso obligado. La diferencia mínima de seis puntos impidió la legalización en estas votaciones y animó por un lado a los activistas pro cannabis a seguir con su tarea de sensibilización y por el otro puso en alerta a las autoridades federales ante una posible contradicción legislativa dentro de sus fronteras. Una contradicción hacia la que el gobierno federal ha demostrado un excesivo celo en los últimos meses, recurriendo a criminalizar desde las leyes de la Unión prácticas y personas que han respetado la legislación estatal durante más de 15 años.
Meses antes de la votación del Cannabis Act, el premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa, escribía en relación a la criminalización del consumo de la marihuana: “La realidad ha ido revelando lo ilusorio de esta idea, a medida que todos los estudios señalaban que, pese a las astronómicas sumas invertidas y la gigantesca movilización de efectivos para combatirla, el mercado de la droga ha seguido creciendo, extendiéndose por el mundo y creando unos carteles mafiosos de inmenso poder económico y militar.” Un año después de estas declaraciones y del intento de legalización en California, la DEA ha lanzado una ofensiva en los estados de la costa oeste que incluyen en su legislación la venta y el consumo de marihuana con fines terapéuticos. En operativos conjuntos con la policía estatal y local asaltan y cierran dispensarios de cannabis que hasta entonces estaban amparados por la ley estatal. Según la agencia antidrogas, estos negocios, estarían vulnerando las leyes federales en cuanto a la producción, posesión y distribución de marihuana. 15 años de ejercicio de la ley estatal y un intento de legalización por vías democráticamente establecidas han provocado una respuesta agresiva y autoritaria contra los dispensarios por parte del gobierno de Obama, el presidente de la “esperanza”.
Disculpe, esto es un asalto
Justo el mes de noviembre de 2011, un año después del referéndum por la legalización de la marihuana, empezaron los asaltos y cateos en los dispensarios de la costa oeste. En un sólo día 15 dispensarios de marihuana de seis ciudades del estado de Washington: Seattle, Tacoma, Olympia, Puyallup, Lacey y Rochester, fueron asaltados conjuntamente por agentes de policía y de la DEA. Una oleada de registros que en las semanas siguientes se extendería por los condados de King, Pierce y Thurston del mismo estado. Sobre estos operativos las informaciones oficiales no han dado muchos detalles, se han limitado a afirmar que los detenidos se encuentran a disposición judicial, sin indicar cuantas personas son, y que los locales registrados se dedicaban al tráfico de drogas ilegales y al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. A la vez que se desarrollaban los operativos en este estado al noroeste del país la procuradora federal para la región fronteriza de California con México, Laura Duffy, junto con otros tres procuradores del estado de California hicieron público un ultimátum donde  daban de plazo 45 días  para que unos dos mil 500 dispensarios de marihuana para fines terapéuticos en el estado californiano abandonaran sus actividades. Si no lo hacían los procuradores los hacían responsables de los posibles desperfectos, allanamientos y embargos que las fuerzas de seguridad federales podrían hacer en estos locales por violar las leyes de Estados Unidos. Según Duffy, una semana antes del fin del plazo, 139 locales de los 222 que existían en su jurisdicción, el condado de San Diego, cerraron. El 62 por ciento de los dispensarios de la zona. Para Duffy y el resto de procuradores californianos no es suficiente que los dispensarios se amparen en la ley estatal de 1995 si en su actividad violan las leyes federales en cuanto a producción, posesión y distribución de marihuana.
La ley “grande” se come a la “chica”
La ley de “consumo piadoso de la marihuana” se aprobó en 1995 y se hizo efectiva en los primeros meses de 1996. Esta ley permitía a los enfermos terminales consumir marihuana si esto les ayudaba a controlar los síntomas insoportables derivados de sus enfermedades. Los enfrentamientos políticos entre los que defendían la legalización y los que estaban a favor de la criminalización llegaron a un punto determinante cuando a principios de 2011 Robert M. George, presidente del Tribunal Supremo de California hizo pública la sentencia que anulaba todos los límites para el cultivo y tenencia para uso médico del cannabis: “Los individuos no están sujetos a ningún límite específico y no necesitan de la recomendación de médico alguno para exceder ningún límite; por el contrario, pueden poseer tanta cantidad de marihuana médica como sea razonablemente necesario para sus necesidades médicas personales”. Esta victoria alentó a los activistas pro legalización que lanzaron la campaña que desembocaría en el referéndum. Cuatro días antes de las votaciones, el premio Nobel de la Paz y primer presidente afroamericano de los EEUU de América anunció: “Se van a hacer cumplir las leyes federales que prohíben la producción y venta de drogas ilegales en Estados Unidos, independientemente de cómo voten en California respecto a la posible despenalización en el consumo de la marihuana”.
Una afirmación que un año después la procuradora federal, Laura Duffy, materializa en esta persecución de distribuidores ninguneando la ley estatal: “Desde hace 15 años en California se ha recetado el cannabis para atender malestares tan comunes como la tensión nerviosa o el estrés, y como remedio para una extensa variedad de afecciones”. Para Duffy esta es razón suficiente para calificar de ilegales y acusar de actividades ilícitas a la inmensa mayoría de los dispensarios que atienden a más de 90 mil personas consumidoras regularmente de marihuana como medida medicinal. Mientras los activistas pro cannabis preparan una nueva iniciativa de legalización para los comicios de noviembre de 2012 el Departamento de Justicia ha comenzado la tarea de desmantelar la red de distribución de marihuana terapéutica en las estados de la costa oeste.
Que viene el lobo
Durante el mes de diciembre el director de la Oficina Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), Gil Kerlikowske, anunció que los cárteles mexicanos del crimen organizado se habían introducido de tal manera en territorio estadounidense que tenían cultivos de marihuana en 20 estados y 67 parques nacionales de la nación: “Los grupos criminales se benefician de tierras remotas que permiten a los traficantes operar cultivos de marihuana a gran escala limitando la posibilidad de ser detectados y sin poseer tierra alguna que pueda ser confiscada”. Junto a él el director de investigaciones del servicio forestal David Ferrell señaló que según datos de su departamento entre 2005 y 2010 fueron erradicados cerca de tres mil 900 cultivos de marihuana de tierras pertenecientes al gobierno federal. En la misma comparecencia, organizada por el comité senatorial para el control del narcotráfico internacional, la senadora demócrata Dianne Feinstein alertó de la presencia de cárteles como la Familia Michoacana intentando obtener licencias para cultivar legalmente marihuana en California con la excusa de destinarla a fines medicinales: “Tenemos que hacer algo para detener esto. La situación en California es terrible”. Según Feinstein la existencia de leyes vigentes sobre el uso terapéutico de marihuana en 16 estados y el Distrito de Columbia obstaculizan de forma determinante los esfuerzos de las autoridades para erradicar la marihuana ilegal. Un final de año que deja claro que para el gobierno del demócrata Barack Obama no sólo es primordial acabar con la red de distribución de marihuana terapéutica sino también con las leyes que las han amparado en los diferentes Estados.
La otra solución que no es legalizar
Gil Kerlikowske expresó días después de la no legalización en California: “Felicitamos a los ciudadanos de California por haber entendido que la legalización de la marihuana no resuelve los problemas del Estado”. Problemas, que antes de la consulta llamada Cannabis Act, el presidente Obama afirmó compartir con su vecino del sur, México, y que para lograr su solución necesitaban una serie de reformas pendientes: aumentar los esfuerzos en capacitación de policías mexicanos, modernizar el sistema de justicia y el sistema penitenciario y combatir con mucha más firmeza el lavado de dinero y el tráfico de armas dentro de los EEUU. Las primeras tres reformas se encuadran en la llamada Iniciativa Mérida. Un acuerdo bilateral entre los dos países en el que se comprometen a compartir información relacionada con el crimen organizado y donde los EEUU apoyan a México en formación, fondos y recursos materiales y humanos en relación a sus fuerzas de seguridad pública y sus fuerzas armadas. En cuanto emplear más firmeza frente al lavado de dinero y al tráfico de armas dentro de los EEUU dos publicaciones del periódico independiente New York Times a finales de 2011 pusieron en tela de juicio la verdadera intención de llevarlo a cabo. Por un lado la filtración de más de dos mil 500 armas de alto calibre por parte de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF) a los cárteles mexicanos y por otro lado el reconocimiento por parte de la agencia antidrogas norteamericana (DEA) de realizar, desde 1984, operaciones de blanqueo de dinero para las grandes mafias del crimen organizado en México. Sobra decir que ambas operaciones, reconocidas actualmente por el gobierno estadounidense, pretendían “solucionar” el problema con elnarcotráfico.
Rápido y Furioso I y II
La operación por la cual la ATF pretendía conocer el camino por el cual las armas vendidas en los EEUU llegaban hasta los cárteles mexicanos y que concluyó con dos mil 500 armas de alto calibre perdidas desde su paso por la frontera y presumiblemente en poder de los narcotraficantes tuvo el ingenioso nombre de “Rápido y Furioso”. Una operación que no sólo puso de manifiesto la inocencia de los responsables públicos ante el problema sino que mostró una reincidente y demostrada ineficacia de la ATF para impedir la llegada de armas al país vecino. Reincidente porque sólo en la frontera existen más de 12 mil armerías registradas sin un especial control sobre sus ventas, armas utilizadas en la guerra del país vecino que a día de hoy suma más de 60 mil muertos. Demostrada porque en este caso las armas pasaron de la mano de los propios funcionarios que dicen impedirlo. Así mismo las operaciones realizadas por la DEA y aprobadas por el Congreso de los EEUU para el lavado de dinero proveniente de la venta de drogas ilegales de los cárteles mexicanos en territorio estadounidense no tiene nombre ingenioso, pero por el uso de una estrategia similar a la anterior la llamaremos “Rápido y Furioso II”. Este plan, del que se desconocen los detalles, ha permitido desde 1984 el lavado de dinero del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Agentes de la DEA recogían y transportaban dinero y mercancía para conocer los entresijos del tráfico de drogas en EEUU. Una vez blanqueado el dinero se ingresaba en las cuentas de las empresas propiedad de la mafia. Se estima que son muchos los millones  de dólares lavados por los agentes de la DEA en los casi 30 años de operación. Curiosamente tras tantos años de operación encubierta no sólo no  se ha acabado con las mafias del narcotráfico sino que en los últimos años los cárteles mexicanos han desatado una guerra fraticida en México mientras que han expandido sus actividades a Centroamérica, América del Sur y al continente africano.
La guerra que no acaba
EEUU parece haber adoptado la tesis de la guerra contra las drogas, la política que ha desarrollado a nivel internacional implementarla dentro de su propio territorio. Sobre esto George Soros, uno de los empresarios más ricos del mundo y ferviente defensor de la legalización de la marihuana, afirmaba antes de la votación del Cannabis Act:  “¿Quién se beneficia más de que la marihuana sea ilegal? Los mayores beneficiarios son las principales organizaciones criminales en México y otros países que ganan miles de millones de dólares anuales con este comercio ilícito, y que perderían rápidamente su ventaja competitiva si la marihuana fuera legal”. ¿Podría ser EEUU uno de estos países que ganan millones de dólares con este comercio? Lo único que está claro es que varios de sus organismos públicos están especialmente empecinados en diluir las iniciativas pro legalización a la vez que están peligrosamente vinculados a los poderosos cárteles desde hace muchos años. En el caso de laDEA sus vínculos e iniciativas no sólo incumben a EEUU y México. Llegan mucho más allá, casi tan lejos como los mismos intereses de los todopoderosos cárteles mexicano.

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