Chile se mueve

(( RetPortajes ))
Noviembre / 2011
publicado por Yerba
Durante el presente año se han producido más de 6 mil manifestaciones públicas en Chile. Más de un millón 800 mil personas han participado de estas marchas y manifestaciones y según datos de los cuerpos de seguridad chilenos la mayoría se han concentrado en la segunda mitad del 2011. En medio de las protestas más fuertes del país desde la implantación de la dictadura militar encabezada por Pinochet encontramos los primeros pasos hacia otra conquista social pendiente: le legalización del cannabis. La Corte Suprema de Chile revocó el pasado mes de octubre una prohibición practicada por el Servicio Agrícola y Ganadero estatal (SAG) para el cultivo con fines medicinales de marihuana y autorizó la plantación de cannabis en el sur del país. Esta decisión sumada a otras del mismo corte practicadas por el máximo organo judicial chileno en materia de drogas vuelven a poner sobre el tapete el debate sobre la despenalización del cultivo y el consumo de la marihuana con fines terapéuticos. Paso primordial en un país con una de las legislaciones más duras en América Latina contra el uso del cannabis y otras drogas ilegales.
 

 

Cuando el 31 de enero del presente año el SAG autorizó la instalación de una granja de la empresa Agrofuturo para la siembra, plantación, cultivo y cosecha de cannabis sativa con fines medicinales no imaginaba la cascada de repercusiones políticas y judiciales que iba a desatar. El proyecto contemplaba la importación de semillas desde Holanda, de 11 variedades distintas, para comenzar un cultivo experimental en un área de 100 metros cuadrados. Terreno totalmente cercado, con video vigilancia y guardia permanente las 24 horas del día. Cuando la información se divulgó en el mes de marzo la reacción gubernamental no se hizo de esperar. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló entonces: “Me parece un despropósito que en una parte del país se actúe de una manera que aparece al margen de las políticas generales de control del narcotráfico y control de las adicciones”. Días después el propio SAG tuvo que revocar la autorización debido a la presión ejercida por el Instituto de Salud Pública (ISP) basándose en la “prohibición expresa de desarrollar fármacos a partir de cannabis”. La empresa agrícola presentó un recurso de apelación alegando vulneración del derecho de igualdad al revocar “un permiso inicial otorgado sin la realización de una audiencia previa en la que se permita exponer argumentos”. El pasado mes de octubre, la Tercera Sala de la Corte Suprema chilena, en fallo unánime, acogió la acción cautelar declarando ilegal el procedimiento por el cual el SAG canceló la autorización. Según fuentes judiciales, el máximo tribunal chileno determinó que la empresa Agrofuturo siga con sus labores que le permitirá el cultivo de marihuana con fines terapéuticos en la región sureña de Biobío. Pablo Stevens, abogado de la firma afectada afirmaba: “Estamos plenamente satisfechos por el logro alcanzado. Hubo un equívoco en la resolución del SAG por lo tanto queda abierta la posibilidad de que el SAG de cumplimiento ahora a esa omisión”. Una decisión similar a la que meses antes permitió la absolución de una mujer enferma de artrosis que cultivaba marihuana en su propia casa con fines medicinales.
Una nueva y contradictoria regulación
El 2 de febrero de 2005, el presidente chileno Ricardo Lagos promulgó la nueva Ley de Drogas, que pasó a convertirse en la Ley de la República número 20.000. Lo que se planteaba en un principio como una cierta regulación del consumo frente al narcotráfico se convirtió rápidamente en una herramienta más efectiva para la persecución del consumidor y el microtraficante. En la legislación anterior, heredera de la promulgada en 1973 por el presidente democrático Salvador Allende, las penas de cárcel por posesión y tráfico de drogas oscilaban entre los cinco y los quince años de prisión, algo que al considerarse excesivo frente a las pequeñas cantidades incautadas derivaba en una simple multa. La nueva ley contempla el microtráfico con penas que van desde los 541 días hasta los cinco años de prisión. Lo que ha provocado un aumento considerable en el número de personas encarceladas por posesión y tráfico de drogas. En cuanto el autoconsumo la ley afirma: “No está penado ni con cárcel ni con multa el consumo personal, exclusivo, en privado y próximo en el tiempo de drogas sicotrópicas o estupefacientes”. Un artículo tan ambiguo que normalmente queda a discreción del aplicante de la ley determinar si la persona sorprendida en posesión de drogas es traficante o consumidor.
La ambigüedad y la criminalización
Debido a la ambigüedad del texto permite a las autoridades aplicar más severidad en la presunción de delitos, ya que no especifica que cantidad de droga se considera para “uso personal” y que tanto se considera tráfico. No permite el autocultivo, y como en otras legislaciones presentes en el mundo, no contempla como permitir que las personas que legalmente pueden hacer valer su derecho de tomar droga accedan a una droga no adulterada y de manera legal. Junto a esta hay una posterior criminalización del consumo ya que los que llegan a ser condenados por delitos de drogas no pueden acceder a beneficios como libertad vigilada o reclusión nocturna. La contradicción más clara es que a pesar de que el consumo no está tipificado como ilegal, el simple hecho de ser consumidor de una droga inhabilita a la persona para desempeñar cargos en la Administración Pública chilena. El gobierno chileno justifica todas estas medidas dentro de la estrategia de la lucha contra las mafias del narcotráfico y dota además a la policía de atribuciones especiales al investigar delitos vinculados a las drogas como infiltrar agentes e interceptar  comunicaciones privadas. Atribuciones que vulneran el derecho a la privacidad reflejado en su Constitución. Curiosamente se abstiene de investigar antecedentes bancarios de sospechosos pues consideran que el secreto bancario es pieza fundamental del derecho a la privacidad.
De aquellos polvos estos lodos
El 11 de septiembre de 1973 un golpe de estado militar derribó el gobierno democrático y constitucional del presidente Salvador Allende en la República de Chile y llevó al poder a una Junta militar liderada por Augusto Pinochet Ugarte, Comandante en jefe del Ejército de Chile. Durante los 18 años de dictadura más de 40 mil personas fueron víctimas de la persecución política, y más de 3 mil personas siguen a día de hoy desaparecidas. Tras la transición de 1990 el comandante Pinochet siguió al frente de las Fuerzas Armadas y luego pasó a ser senador vitalicio. En su larga carrera política el dictador llegó a contar con más de 125 cuentas bancarias en el extranjero donde escondía, con distintos nombres, una fortuna de más de 27 millones de dólares según un informe publicado en 2004 por el senado estadounidense. En 2006, el general en retiro del Ejército, Manuel Contreras, ex director de la DINA (policía política secreta durante la dictadura) ratificó ante las autoridades judiciales que la inmensa fortuna de la familia Pinochet provenía de la producción y venta de grandes cantidades de cocaína, además del tráfico de armas. Una acusación que apunta a la utilización del Complejo Químico del Ejército a mediados de los 80 para elaborar cocaína “negra” (de difícil detección). De ello se encargaba el químico de la DINA Eugenio Berríos. Según afirma Contreras: “La elaboración de cocaína en el recinto del Ejército fue autorizada por la más alta autoridad,el mismo Pinochet, allí trabajó Berríos. En esta actividad habrían participado Marco Antonio Pinochet y Edgardo Bathich”. El hijo menor del dictador y el empresario chileno de origen sirio enviaban la droga a Europa junto con los envíos de armas que en la década de los 80 los EEUU enviaban a Sadam Hussein en su cruzada contra Iran. Armas y drogas eran distribuidas enviando los beneficios a las diferentes  cuentas de Augusto Pinochet Ugarte.
Vientos de cambio por las grandes alamedas
El dictador militar fue el iniciador y principal impulsor de la nueva economía de corte neoliberal que predomina hoy en Chile y gran parte del mundo. Privatizaciones masivas de las empresas energéticas nacionales, los bancos y los grupos financieros en un primer momento han dado paso en los últimos años a la privatización de sectores tan delicados como la salud y la educación. Como en tantos otros países del mundo, como el propio caso español, estas privatizaciones han sido alentadas por los “estupendos” datos macroeconómicos como son: la mejora de las inversiones privadas, del producto interior bruto o del índice de crecimiento económico pero que esconden una realidad con graves carencias sociales, la brecha cada vez más grande entre pobres y ricos y el empeoramiento de las condiciones laborales para la mayoría de la población. El impulso del actual presidente del gobierno chileno, Piñera, a estas políticas ha provocado durante este último año una importante cascada de manifestaciones contrarias a este tipo de “desarrollo”. A las primeras protestas estudiantiles ya se les han unido los principales sindicatos y un importante sector de la población más amplio que se muestra solidario con las peticiones estudiantiles. La vocera de los universitarios chilenos, Camila Vallejo, resume sus peticiones de esta manera: “Queremos un cambio en el modelo de sociedad, que se contrapone a este modelo neoliberal, que desde hace más de 30 años fracasa en Chile”. Enmarcadas dentro del movimiento mundial de los “indignados” las protestas no remiten sino que van ampliándose al resto de la población chilena todavía muy marcada por la violencia política vivida durante la reciente dictadura.
Cambio de mentalidad frente a más represión
Frente a estas manifestaciones el gobierno de Piñera aprobó recientemente una nueva ley de seguidad del Estado para hacer frente a los “disturbios” estudiantiles. En la misma línea que la modificación en la ley de drogas, esta nueva ley aplica un lavado de cara y un fuerte componente de ambigüedad que permite, previendo escenarios peores, una aplicación de la ley mucho más autoritaria por parte de las fuerzas de seguridad. Esto permitirá sentencias más rígidas y rápidas contra los “revoltosos” para evitar saqueos y desórdenes de mayor importancia. Frente a esto una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Universidad Central arrojaba datos muy significativos que anuncian un cambio de mentalidad frente a las drogas de la población chilena. Según este estudio el 42 por ciento de los chilenos están a favor de la despenalización del cultivo y el consumo de marihuana para uso personal, mientras que un 16 por ciento todavía no se posiciona. Actualmente la legislación sigue sin hacer distinciones entre un cultivo personal y comercial de la marihuana, considerándo todos los casos como narcotráfico. Entre el tramo de edad de los 18 a los 25 años el 60 por ciento apuesta por la despenalización. Datos como éstos sumados a los cada vez más apoyos expresados en el país andino en la marcha del día de la marihuana que se celebra cada mayo, hacen pensar en un cambio de mentalidad que acabe imponiéndose a tantos años de represión.

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